Por
Miguel Magnasco
En Villa Unión entran dos colectivos y -de manual-,
las únicas calles asfaltadas e iluminadas, son aquellas por las que pasan el 67
y el 44 (la Vietma Recalde y su perpendicular, la Alto Alegre). El intendente de
la ciudad, Ramón Mestre, estuvo apenas unos minutos para la inauguración del
tramo, pero “parece que la poca gente que había, no lo invitó mucho a
quedarse”, bromea Hilda, vecina de la villa. El resto del barrio espera asfalto
y alumbrado público hace años. La suerte no les ha sido tan grata como al 67 y
al 44.
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En 2011, el Gobierno de la Provincia de Córdoba,
fijó en 500 la cantidad de detenidos por módulo en la Carcel de Bower. En 2003
las capacidades de los módulos (que se diferencian según las condiciones de
seguridad: máxima y mediana), oscilaban entre 300 y 450, excepto en el MX1
donde se alojan los internos reincidentes y del régimen diferenciado de mediana
contención, condenados y procesados, que contaba con espacio para 513 reclusos.
Lo más lógico sería que este aumento fuera fruto de la ampliación edilicia del
complejo penitenciario. Pero no. El espacio es el mismo. La orden fue incluir
una cama más por celda. Allí donde había un detenido, ahora residen dos.
La definición
técnica de esta saturación en los centros de detención es la de hacinamiento. Ya en aquel año, el exceso
de las plazas en cárceles cordobesas era de 561 detenidos.
En el marco del informe “Mirar tras los Muros: Situación
de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba”, presentado a fines del año pasado por la Comisión Provincial de la Memoria de
Córdoba, Elías Carranza, presidente del Instituto Latinoamericano de las
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
(ILANUD), expresaba: “El hacinamiento obstaculiza el normal
desempeño de las funciones esenciales de los sistemas penitenciarios, tales
como la salud, el descanso, la higiene, la alimentación, la seguridad, el
régimen de visitas, y, asimismo, el de otras funciones también muy importantes
pero que pasan entonces a la categoría de prescindibles por la imposibilidad de
desarrollarlas, o de desarrollarlas de manera adecuadas; nos referimos a la
educación, el trabajo, la recreación y la visita íntima. Lo anterior implica
violar derechos fundamentales tanto de la población presa como de los
funcionarios, que deben realizar sus tareas en condiciones muy difíciles y
riesgosas”.
Pero hay
más. Los casos de violencia intracarcelaria pasaron de 1.239 en el año 2008, a
1649 en 2011. El mayor aumento se produjo en el rubro “sin dato”, es decir,
situaciones de violencia que el servicio penitenciario releva pero que no sabe
(?) por qué se produjeron. La explicación instantánea de las instituciones de
seguridad: los que están adentro son violentos. Una un poco menos lineal y
tendenciosa, indica que son frecuentes, cuando no superpoblados, los abusos del
personal penitenciario sobre los reclusos.
Basta recordar el caso de Jorge Reyna, quien "se suicidó" tras haber sido
salvájamente golpeado por agentes de la policía de Capilla del Monte.
Cárceles
sobrehabitadas y en pésimas condiciones, adheridas a abusos contra los
detenidos. Suma y sigue.
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“Ni acá en la Villa Retiro, ni tampoco en los
Chingolos hay móviles patrullando, menos a la noche. No sé dónde mierda pone tantos policías De la
Sota”, comenta Nelly en la recorrida por el barrio. A sus 38 años, desempleada
y madre de 3 chicos, no mezquina puteada a ninguna oración. Es buena puteadora,
eso sí. No cualquiera luce con tanta naturalidad el recurso. Sigue. “El
dispensario abre, con suerte, dos veces a la semana, pero sólo atiende a unas
pocas personas. Pobres guasos los
doctores, se comen toda la bronca, porque la gente no sabe que son estos
culiadazos del gobierno los que deberían poner la atención a la salud toda la
semana”.
Su orgullo es el equipo de fulbo recién armadito. Ahí
juega el más grande de los suyos, y Nelly está segura de que con un poco de
entrenamiento los pibes se le animan a cualquiera. Los changos la escuchan y se
rien. “La Nelly tiene menos esquema de juego que Zielinsky”, tira uno con la
camiseta de Talleres. El grupete fogonea con el “uuuuhhh” a coro. La réplica es
fulminante: “pero callate vos otario, si yo te enseñé hasta a atarte los
cordones, además vos que hablás de esquema si la T juega en la Z
nacional”. Todos explotan en aplausos y
carcajadas. El tallarín asume la derrota, extendiendo su mano a la mujer. “Son
buenos pendejos”, chusmea Nelly por lo
bajo, “ganas siempre hay, lo que faltan son oportunidades”.
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En el Capítulo 4 del informe citado más arriba,
puede leerse lo siguiente:

La cifra corresponde al año 2011. En una nota
realizada por Lucas Viano para La Voz de Interior, se destaca que Córdoba en
ese mismo año tenía la mayor cantidad de efectivos policiales por habitante del
país: 611 cada 100 mil habitantes (La ONU sugiere 280 cada 100 mil). Como es
natural, de ese incremento surge un aumento obsceno de las detenciones por distintos delitos. Estas pasaron de 8.968 en
el año 2005, a 73.100 en 2011. Es decir el 815% más. Paradójicamente, resulta
muy difícil conseguir estadísticas que, simétricamente al ascenso pronunciado
en las detenciones, indiquen una reducción del delito en la Provincia. Es
extraño que un gobierno que hace bandera de la sistemática incorporación de
agentes, no muestre la eficacia de ese amontonamiento…Tal vez ese sea el dato
más cabal…
Con estadísticas del Ministerio de Justicia de la Nación de
2008, Viano escrutaba en 2011: “con más de 86 mil delitos contra la propiedad
(robos con y sin agresión y hurtos), la provincia tiene una tasa (2.600 hechos
cada 100 mil habitantes) un 25% más alta que la media nacional y supera a
las provincias de Buenos Aires y a Santa Fe. Mientras que en Córdoba ocurrieron
50.691 robos o tentativas de robo sin agresión, la provincia gemela, Santa Fe,
tuvo 39.049. Por otra parte tasa de delitos contra las personas (homicidios
culposos y dolosos, y lesiones) fue de 1.065 hechos cada 100 mil habitantes, un
29 por ciento más que la media nacional”.
¿Más policía es igual a
menos delito?
Último número: por el Código de Faltas, denunciado inconstitucional
por una multiplicidad de actores de Córdoba, en 2010 la policía provincial
detuvo 76.000 personas. Un arresto cada 7 minutos. Más del 50% de esas
detenciones se realizaron a jóvenes de 18 a 25 años, o menores de edad (datos
aportados por las especialistas Susana Morales, Valeria Plaza y Magdalena
Brocca, que también se alojan en el Informe de la Comisión Provincial de la
Memoria).
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El fracaso en la práctica de la metodología de “mano
dura”, es tan palpable como el esfuerzo burdo de sostenerlas, por parte de los
sectores que concentran la riqueza, la justicia y la palabra. Los resultados
están a la vista. La complejidad es mayor a la hora pensar y producir
soluciones reales.
Las políticas de seguridad provincial, lejos de
hacer pie en los datos señalados más arriba, se han endurecido desde aquel
entonces, y se ha profundizado la severidad de su carácter punitivo. Sin ir más
lejos, el gobernador hace pocos días anunció la incorporación de 500 agentes
más a las calles de nuestra provincia. El doble discurso de dirigentes como De
la Sota, Massa, Scioli y tantos otros, es inconsistente e impracticable: no es
cierto que se puede incluir al mismo actor social que se reprime sistemáticamente.
No hay igualdad de oportunidades si se persigue al sector que más necesita
respuestas del Estado. Sencillamente, no hay renovación ni futuro, allí donde
nuestros jóvenes son la carne de cañón para dejar tranquilos a los –como dice Walsh-
dueños de todas las cosas.