En la mañana del viernes 8 de Noviembre, los responsables del Archivo Provincial de la Memoria (APM) dieron a conocer la agresión sufrida por el memorial ubicado en la fachada del establecimiento. En él se encuentran inscriptos los nombres de los asesinados y desaparecidos de la Provincia de Córdoba entre 1969 y 1983.
Consultada por este diario, Ana Barnes, miembro de la Comisión Provincial de la Memoria, explicó que estas acciones "están direccionadas y no son casuales". Este hecho no aparece de manera aislada, se suma a una serie de ataques sobre las intervenciones públicas conocidas como “Árboles de la Vida” –que la institución lleva adelante desde 2009–, y otros anteriores ocurridos en la propia cede del APM.
Resulta alarmante la situación de descuido que están atravesando actualmente los Sitios de la Memoria en Córdoba, en la cual se inscriben, entre otros contratiempos, los hechos mencionados más arriba. Barnes lo resume de manera tajante: “hay una decisión política de dejar caer los sitios, hasta que se cierren".
LA DESPROTECCIÓN EN NÚMEROS. La conclusión de Ana Barnes puede verse, desde ya, en la evidente falta de protección sobre los Sitios para evitar eventuales atentados como los ya ocurridos. Pero se vuelve irrefutable al analizan los datos concernientes al financiamiento para su regular desempeño. Veamos.
Estos espacios funcionan como dependencia del Ministerior de Justicia y DDHH de la Provincia. Los montos que les corresponden se transfieren al APM para luego ser distribuidos entre la ex D2, La Perla, y La Ribera. El presupuesto asignado para los mismos pasó de $5.017.000 en 2011 –inclusive incluyendo fondos para Obra Pública–, a $2.500.000 en 2013. Es decir, la mitad (estos números pueden corroborarse revisando los Presupuestos Provinciales aprobados por la Legislatura en el periodo 2011-2013, disponibles en la web). Eso no es todo.
A CONTRAMANO. Resulta preocupante el (no) rumbo de las políticas de Derechos Humanos del Gobierno Provincial. La decidia para con los Sitios de la Memoria, se circunscribe en un escenario en que, en sentido opuesto, las políticas activas de memoria, verdad y justicia se revisten de gran legitimidad y alcance a nivel nacional e internacional. Hace sólo un par de semanas, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, expusó largamente ante la ONU, la acumulación argentina en materia de investigación sobre la desaparición forzosa de personas. Su presentación fue recibida con gran atención por los representantes de los distintos países. Ya no es novedad: Argentina es una referencia indiscutible en el esclarecimiento de delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar, y también en políticas públicas para su prevención en el presente.
Los juicios avanzan a paso firme, las causas se multiplican, los responsables de los días más brutales de nuestra historia son condenados en tribunales y repudiados en las calles, la impunidad de ayer es justicia de hoy. La reconstrucción de nuestro pasado como Nación ya no suena a consigna, es parte de la realidad efectiva, y genera año tras año una conciencia ciudadana bien apropiada del Nunca Más.
En este contexto virtuoso, Córdoba suele ser un atolón de resistencia conservadora. La decisión del Ejecutivo Pronvincial de desfinanciar los Espacios de la Memoria, no sólo implica un retroceso grave en los avances realizados a partir de la irrupción de los Juicios, sino que tiene directo correlato con otras iniciativas que revitalizan las ideas y construcciones propaladas durante el genocidio. El ejemplo más a la mano son los miles de chicos de barrios marginales que son detenidos diaria y arbitrariamente merced al vigente Código de Faltas. El abuso de las fuerzas policiales encuentra amparo legal allí para ejercer discriminación sobre los sectores más vulnerables de la población cordobesa. El sujeto social “peligroso” de estas épocas es, paradójicamente, el más desprotegido por los gobernantes locales.
A pesar de esto, la actividad de los sitios no ha cesado. Sin contar con personal suficiente (no se han remplazado cargos vacantes en los últimos 2 años), pero sostenido por la convicción de sus trabajadores, siguen habiendo visitas de escuelas de todos los niveles, se promueven actividades culturales y artísticas, encuentros de jóvenes, visitas guiadas de contingentes y personas individuales. Y por supuesto, un trabajo sistemático hacia los familiares de las víctimas del Terrorismo de Estado.
No hay nada de ingenuo en estas medidas, los descuidos son tan intencionales como las acciones directas. Tal vez sea que desde el pasado la memoria conmueve aquello que creíamos estático en el presente. Que nadie se confunda: las causas juzgan delitos de otras décadas, pero convulsionan la escena actual de manera permanente al relatar historias de personas, instituciones, y empresas con protagonismo en los tiempos que corren. Tal vez a algunos les interese que ciertas verdades no se conozcan.
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